El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó ayer los resultados electorales que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro, una decisión que ha sido ampliamente rechazada tanto a nivel nacional como internacional. Esta sentencia, que pretende cerrar el capítulo de las elecciones del 28 de julio, ha sido catalogada como un "golpe de Estado contra la soberanía popular" por exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) también ha expresado su rechazo, argumentando que la decisión del TSJ no respeta la voluntad del pueblo venezolano. Este fallo, que ha sido visto como una validación de facto del gobierno de Maduro, ha generado una ola de comunicados y declaraciones de condena.
Un comunicado conjunto firmado por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay ha sido particularmente contundente. Estos países rechazan categóricamente la sentencia del TSJ, subrayando la falta de transparencia y acceso a los representantes de la oposición durante el conteo oficial, la no publicación de las actas electorales y la negativa a una auditoría imparcial.
En el ámbito interno, la líder opositora María Corina Machado ha criticado la maniobra del TSJ, afirmando que el régimen ha acelerado su propio aislamiento y caída al intentar ocultar las actas que demostrarían una victoria abrumadora de la oposición. Su declaración refleja un sentimiento generalizado de que la sentencia del TSJ no ha cerrado el caso, sino que ha profundizado la crisis política.
El mundo democrático se cuadra con el pueblo de Venezuela y el respeto a nuestra Soberanía Popular.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 23, 2024
A estas alturas, nadie se traga la burda maniobra del TSJ para esconder las actas que demuestran la apabullante victoria de @EdmundoGU.
Por eso, una vez más, el régimen se… pic.twitter.com/OsB7x5NRCo
Este escenario de rechazo internacional y oposición interna coloca a Venezuela en un punto crítico, donde la comunidad internacional y sectores significativos de la sociedad venezolana exigen un respeto a la soberanía popular y un retorno a los principios democráticos. La sentencia del TSJ, lejos de resolver la crisis, parece haberla exacerbado, dejando en claro que la batalla por la democracia en Venezuela está lejos de concluir.