La EU Denuncia Fraude Electoral y Exige Respeto a la Voluntad Popular

La Unión Europea ha expresado su profunda preocupación por la crisis política que se agrava en Venezuela tras las recientes elecciones presidenciales. En un comunicado emitido por el Alto Representante en nombre de la UE, se destaca la falta de transparencia y la ausencia de pruebas que respalden los resultados anunciados por las autoridades venezolanas.

El informe provisional del Panel de Expertos de la ONU, invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, ha sido crucial para entender la opacidad del proceso electoral. Este panel, en el marco del Acuerdo de Barbados, ha subrayado la insuficiencia de la evidencia pública presentada por las autoridades venezolanas para validar el proceso electoral según los estándares internacionales.

A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que validó la victoria de Nicolás Maduro, la UE recalca que el CNE es el organismo legalmente responsable de publicar de manera transparente y detallada los resultados electorales oficiales. La Unión Europea insiste en que solo resultados completos y verificables independientemente serán aceptados y reconocidos para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

La UE ha instado al CNE a publicar y verificar de manera independiente las actas de votación de todas las mesas receptoras. Además, se ha confirmado que las actas publicadas por la oposición, revisadas por el panel de expertos de la ONU, presentan las características de seguridad de los protocolos originales de resultados, lo que confirma su fiabilidad. Según estas actas, Edmundo González Urrutia sería el ganador de las elecciones presidenciales con una mayoría significativa.

La Unión Europea subraya que el destino de Venezuela debe ser decidido por su propio pueblo. La voluntad popular expresada en las urnas debe prevalecer. La UE continuará trabajando con sus socios regionales para asegurar que se respete la voluntad del pueblo venezolano y para facilitar un diálogo liderado por los venezolanos que ofrezca garantías a ambas partes, conduciendo a la restauración de la democracia y a la solución de la crisis humanitaria y socioeconómica actual.

Las autoridades venezolanas deben respetar el derecho de todos los venezolanos a manifestarse pacíficamente y expresar libremente sus opiniones políticas sin temor a represalias. Se deben abstener de usar la fuerza excesiva, terminar con la represión y el acoso a la oposición y la sociedad civil, y liberar a todos los presos políticos. Las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas a fondo y los responsables deben ser llevados a juicio.