El CNE de Venezuela, Decide No Publicar las Actas Electorales

En medio de una tensión política sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha decidido no publicar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en cumplimiento con una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta decisión ha sido interpretada de diversas maneras por la comunidad internacional y la sociedad civil venezolana, marcando un nuevo capítulo en la compleja narrativa electoral del país.

El anuncio del CNE, que se ha visto envuelto en controversias desde el mismo día de las elecciones, refleja una obediencia a la autoridad del TSJ, que ha tomado un papel central en la validación de los comicios. La Sala Electoral del TSJ, en una decisión que ha sido criticada por sectores de la oposición y observadores internacionales, ha ordenado una serie de acciones que incluyen la no publicación de actas, argumentando la necesidad de un proceso de revisión y certificación que, según el gobierno, busca garantizar la integridad del proceso electoral.

Esta medida ha sido vista por algunos como un intento de opacidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido declarado ganador por el CNE sin la publicación de las actas que detallarían el conteo voto por voto. La oposición, liderada por figuras como Edmundo González Urrutia, ha denunciado un fraude electoral, argumentando que la falta de transparencia en el conteo de votos es una violación directa de los principios democráticos y de la Constitución venezolana.

Desde el exterior, la comunidad internacional ha reaccionado con cautela. Mientras algunos países y organizaciones han exigido la publicación de las actas para validar los resultados, otros han criticado la intervención del TSJ, cuestionando su independencia y la legalidad de su actuación. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han expresado su preocupación por la falta de transparencia, aunque sin llegar a una condena unánime debido a las divisiones políticas internas y las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Dentro de Venezuela, la decisión ha sido recibida con protestas y manifestaciones, donde la ciudadanía ha demandado claridad y justicia electoral. La oposición ha argumentado que la Constitución venezolana y las leyes electorales exigen la publicación de las actas para garantizar la transparencia y la posibilidad de un recuento o auditoría electoral.

El TSJ, por su parte, ha defendido su resolución como un mecanismo para asegurar la legalidad y la integridad del proceso, aunque esta defensa ha sido vista con escepticismo por sectores que ven en el tribunal una extensión del poder ejecutivo. La decisión de no publicar las actas, según el gobierno, se basa en la necesidad de proteger el proceso de posibles interferencias externas y cibernéticas, un argumento que ha sido recibido con incredulidad por la oposición y algunos analistas políticos.

Este escenario no solo pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral venezolano sino que también refleja la profunda crisis de confianza en las instituciones del país. La decisión del CNE, acatando la resolución del TSJ, podría tener implicaciones a largo plazo en la política venezolana, afectando la legitimidad del gobierno y las relaciones internacionales de Venezuela. La espera por una resolución que satisfaga a todos los sectores parece aún lejana, mientras el país se debate entre la legalidad y la legitimidad de sus procesos electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado que no publicará las actas de las elecciones recientes, acatando así la resolución del Tribunal Supremo de Justicia. pic.twitter.com/aahczSE3QF

— Cassiel🇻🇪 (@Divergentevzl) August 27, 2024